Una resolución que ratifica el financiamiento universitario
Desde ADIUVIM consideramos que esta resolución constituye un paso institucional de enorme relevancia en la defensa de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria.
El juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, rechazó el planteo del Poder Ejecutivo, ratificó la vigencia de la medida cautelar —que se encuentra firme— y señaló que el cumplimiento acreditado hasta el momento es insuficiente, tanto respecto de la recomposición salarial de docentes y nodocentes como de las becas estudiantiles.
La resolución reconoce un cumplimiento parcial en materia de convocatorias paritarias y órdenes de pago, pero advierte que no está acreditado que la actualización salarial se haya realizado conforme a lo establecido por la ley.
El fallo recuerda, además, que la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y junio de 2026 alcanzó el 312,19 % y señala que, de la propia documentación presentada por el Estado, no surge que se haya alcanzado ese incremento en los salarios universitarios. En materia de becas, el juez también considera insuficiente el cumplimiento informado, frente a la interpretación del Gobierno que pretendía limitar el alcance de la ley a la Beca Manuel Belgrano.
La Justicia coloca ahora al Poder Ejecutivo ante una obligación que ya no admite postergación: cumplir con la medida cautelar en el plazo de cinco días, bajo apercibimiento de astreintes.
Esto puede implicar multas por incumplientos
Ya no se trata solamente de una discusión política sobre la aplicación de una ley sancionada por el Congreso, sino de una orden judicial firme cuyo cumplimiento está siendo exigido expresamente. La propia resolución establece que las medidas adoptadas por el Gobierno no alcanzan para considerar cumplida la cautelar.
Para quienes integramos la comunidad universitaria, este fallo reafirma algo sustancial: el financiamiento de la universidad pública, sus salarios y sus becas no pueden quedar sujetos exclusivamente a decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo cuando existe una ley vigente que establece obligaciones concretas.
Desde ADIUVIM, en el marco de Fedun y del Frente Gremial Universitario, vamos a seguir sosteniendo la plena aplicación de la Ley de Financiamiento de la Educación Superior, porque defender su cumplimiento es defender las condiciones materiales que hacen posible una universidad pública de calidad, federal y accesible.
