Solicitamos al Consejo Superior declarar “Personas No Gratas” a las y los legisladores que apoyaron el veto a la Ley de Financiamiento Universitario
Ante la irresponsable decisión de diputados y diputadas nacionales de dar la espalda al pueblo argentino (que con su participación en las marchas del 22 de abril y el 2 de octubre dejo en claro su apoyó a las universidades nacionales), para acompañar con su voto el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario; desde ADIUVIM hemos elevado ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional Villa María una solicitud en la que los trabajadores y trabajadoras proponemos declarar “Personas No Gratas” a seis legisladores nacionales por considerar que su apoyo al veto presidencial constituye un acto que atenta directamente contra la universidad pública.
La Ley de Financiamiento Universitario que fuera aprobada de manera contundente el 13 de septiembre en la cámara de senadores con 57 votos a favor, 10 votos en contra y una abstención; representaba una gran oportunidad para comenzar a recomponer los salarios de pobreza que venimos percibiendo los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes (quienes llevamos perdido un 60% de nuestro poder adquisitivo), además de aumentar los fondos para las becas estudiantiles, investigación y para sostener el funcionamiento de las universidades durante lo que queda de 2024.
El empeño del presidente Milei por negar esta “justa recomposición presupuestaria y salarial con posterior ajuste por inflación” junto a los argumentos brindados por los legisladores y legisladoras que decidieron acompañarlo, se diluyen rápidamente si se tiene en cuenta que el presupuesto solicitado de ninguna manera podría haber quebrado el equilibrio fiscal que tanto pregona este gobierno, pues representaba apenas 0,14 puntos del PBI. En otras palabras: apenas $1.400 por cada $1.000.000.
De haberse sostenido lo votado por ambas cámaras el sector universitario hubiese recibido $738.595 millones de aquí a diciembre de 2024, repartidos de la siguiente manera: $210.742 millones correspondientes a la actualización por IPC anual 2023 para gastos de funcionamiento de 2023, $86.254 millones de actualización bimestral por IPC 2024 para gastos de funcionamiento de 2024 y para la recomposición de salarios docentes y nodocentes $441.600 millones.
Estos $738.595 millones representaban un mes de superávit financiero, 1/3 de lo que costaba la reforma jubilatoria (también vetada por Milei) y 1/3 de lo que el estado por decisión política decidió dejar de recaudar por la reforma que beneficio a quienes pagaban bienes personales.
Los legisladores y legisladoras Laura Rodríguez Machado (PRO), Belén Avico (PRO), Gabriel Bornoroni (LLA), María Celeste Ponce (LLA), María Cecilia Ibáñez (MID) y Luis Picat (UCR), respaldaron el veto impuesto por el presidente Javier Milei demostrando una clara falta de compromiso con la defensa de la universidad pública. Consideramos que sus decisiones favorecen políticas de ajuste que impactan negativamente en el financiamiento universitario, afectando no solo el funcionamiento de las instituciones, sino también los salarios del personal docente y nodocente, la oferta de becas para estudiantes y el desarrollo de investigaciones en ciencia y tecnología.
Como gremio de trabajadores y trabajadoras docentes e investigadores enfatizamos que este veto presidencial, avalado por las y los mencionados legisladores, profundiza el desfinanciamiento de la educación superior y pone en riesgo la continuidad de las actividades universitarias que históricamente han sido un motor clave de movilidad social, desarrollo regional y equidad. Además, la ratificación del veto obstaculiza la posibilidad de acceso a una educación de calidad para miles de jóvenes, especialmente en regiones como Villa María, afectando no solo su formación profesional, sino también el crecimiento y progreso de sus comunidades.
Por todo lo expuesto, en la nota enviada instamos al Consejo Superior de la Universidad Nacional Villa María a acompañar públicamente el pedido de declaración de “Personas No Gratas” que proponemos desde ADIUVIM, para que los y las legisladores antes mencionados se hagan responsables por el debilitamiento de uno de los logros más importantes de nuestra democracia: el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad, garantizando igualdad de oportunidades para todas y todos.
