Universidad: Rumbo a la Marcha Federal Universitaria
La reciente media sanción de la Ley de Financiamiento Universitario en la Cámara de Diputados marca un avance significativo en la lucha por la educación pública, un logro que no hubiera sido posible sin la persistente movilización y unidad de toda la comunidad universitaria. Sin embargo, este es solo un paso en un conflicto más amplio y complejo entre la Universidad Pública y el Gobierno Nacional, que ahora entra en una nueva fase crítica.
Durante las últimas dos semanas, las acciones de paro y las diversas actividades de visibilización fueron fundamentales para reforzar el diálogo tanto dentro de la comunidad universitaria como hacia la sociedad en general. Estas acciones permitieron articular nuestras demandas de manera más contundente, generando un impacto que trasciende las aulas y llega a todos los rincones del país.
Ley Finocchiaro, mordaza gremial
Repudiamos firmemente la decisión de la Cámara de Diputados de declarar la educación como un servicio esencial, siguiendo el controvertido proyecto Finocchiaro. Este intento de reconfigurar la educación como un servicio estratégico esencial contraviene no solo la Constitución Nacional, sino también normativas internacionales, como las de la Organización Internacional del Trabajo, que claramente establecen que la educación no debe ser considerada un servicio esencial, ya que no pone en riesgo la vida de la población.
Parte de las tareas de esta etapa requieren explicar esta situación y como, de ser aprobada está ley, recortaría derechos laborales colectivos, cómo lo son el derecho al reclamo por condiciones dignas de trabajo, como el que está ocurriendo en estos días.
Ley de Financiamiento Universitario
El proyecto de Ley con media sanción propone una actualización del presupuesto universitario en función de la inflación registrada el año pasado, según los datos del INDEC, además de una indexación bimestral basada en un coeficiente que combina la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la cotización del dólar y las tarifas de servicios públicos. Adicionalmente, contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes basada en el IPC, de manera complementaria a las negociaciones paritarias.
En este contexto, resulta crucial que la Ley de Financiamiento sea aprobada en el Senado. Nos enfrentamos al desafío de construir una fuerza colectiva que no solo evite un posible veto presidencial, sino que también garantice la sustentabilidad de la educación superior y del sistema científico, pilares fundamentales para el desarrollo soberano de nuestro país.
Para lograrlo, es imprescindible que, junto a la comunidad universitaria, los gremios del sector educativo, las universidades de nuestra provincia, el Frente Sindical Universitario Nacional y las organizaciones de la sociedad civil, unamos esfuerzos en una campaña contundente y coordinada. Este es el momento de demostrar la importancia estratégica de la educación pública y de nuestra capacidad para defenderla.
Como trabajadoras y trabajadores universitarios, cómo gremio, y en conjunto con otros espacios intergremiales y la comunidad universitaria en su totalidad, debemos comprometemos a trabajar incansablemente en esta campaña en apoyo a la Ley de Financiamiento. Las próximas semanas requerirán más tareas de reclamo y visibilización, así como desplegar espacios de reflexión y coordinación. También comprender y construir solidaridad con la situación de trabajadores y trabajadoras de otras actividades que también sufren las consecuencias de un modelo de ajuste.
Solicitaremos una audiencia con las y los senadores por Córdoba, y nos encaminamos con firmeza hacia la Marcha Federal Universitaria, con la convicción de que solo unidos podremos salir fortalecidos de esta delicadísima situación de desfinanciamiento y pérdida del poder adquisitivo.
• Secretario General de ADIUVIM
