Enérgico repudio ante la escalada de violencia institucional y ataques a derechos fundamentales
“La indiferencia es la peor de las actitudes.”
Stéphane Hessel
Desde ADIUVIM, el gremio que representa a las y los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Villa María, estamos agotados y expresamos nuestro más enérgico repudio ante los hechos gravísimos ocurridos en las últimas horas que evidencian una alarmante escalada de violencia institucional y un ataque directo a los derechos fundamentales de la ciudadanía. Estos sucesos, encadenados a una sucesión de violencia gubernamental que va pasando de lo simbólico al acto, no solo generan una profunda preocupación en la sociedad, sino que también exigen una reflexión urgente sobre las políticas antiderechos que están siendo implementadas por el gobierno nacional.
El primero de estos hechos se refiere a la brutal represión policial ejercida contra jubilados, en las inmediaciones del Congreso Nacional. Quienes ven que sus ingresos se esfuman día a día, reclamaban pacíficamente por un aumento en sus haberes jubilatorios. Este ataque, además de vulnerar el derecho a la protesta pacífica (algo que se instala como paradigma gubernamental), constituye un atropello a la libre expresión de uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
Es inaceptable que el Estado responda con violencia a la justa demanda de un sector que busca simplemente acceder a una jubilación digna. La ley que se anuncio sera vetada, pretende actualizar las jubilaciones mínimas, un paso necesario para garantizar que nuestros mayores no vivan en condiciones de pobreza.
La represión a este reclamo revela una clara intención del gobierno de desmantelar el sistema previsional y perpetuar la precarización de la vida de los jubilados.
Otro hecho sumamente preocupante y vergonzoso son las declaraciones recientes del Ministro de Justicia, Cúneo Libarona, quien ha negado la validez de la identidad de género autopercibida y ha cuestionado la existencia de la Ley de Identidad de Género. Estas afirmaciones son un retroceso inadmisible en la lucha por la igualdad y la diversidad. La Ley de Identidad de Género, sancionada en 2012, es un pilar fundamental en la protección de los derechos de las personas transgénero, garantizando su reconocimiento legal y social.
Las declaraciones del Ministro no solo vulneran estos derechos, sino que además fomentan un clima de transfobia y violencia basada en género, contraviniendo los avances logrados en materia de derechos humanos en nuestro país.
Finalmente, expresamos nuestra absoluta condena a las recientes declaraciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien anunció desde el Senado la apertura de causas contra víctimas del terrorismo de Estado. Esta decisión no solo revictimiza a quienes ya han sufrido las atrocidades de la última dictadura militar, sino que también pone en riesgo el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que con tanto esfuerzo se ha construido en nuestro país.
Está desicion es una afrenta a las víctimas y a sus familias, y busca imponer un relato histórico que niega los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Cabe recordar que hace pocos días una delegación de legisladores del partido gobernate visito a represores encarcelados en el Penal de Ezeiza en el marco de una maniobra reivindicatoria de su accionar.
Es fundamental recordar que la impunidad de estos crímenes fue superada gracias a la lucha del pueblo argentino que posibilito la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Todo esto ocurre mientras la perdida del poder adquisitivo de trabajadoras y trabajadoras avanza al ritmo del saqueo de recursos naturales, la entrega del patrimonio público, el desfinanciamiento a la educación y a la salud y la ingerencia de paises extranjeros en temas sensiblemente estrategicos como nuestra sobrenía territorial.
En este contexto, desde ADIUVIM hacemos un llamado urgente a la ciudadanía para reflexionar sobre las implicancias de estas políticas antiderechos que están siendo promovidas desde el gobierno nacional. La democracia no puede ser compatible con la represión, la discriminación y la negación de la memoria histórica. Es nuestra responsabilidad colectiva defender los valores democráticos y garantizar que los derechos humanos sean respetados en todo momento. Instamos a la sociedad a mantenerse alerta y a actuar en defensa de los principios fundamentales que sostienen nuestra convivencia pacífica y democrática.
