La Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga al Estado Nacional a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

A pocos días de que el Poder Ejecutivo Nacional reconociera el profundo atraso salarial y presupuestario que atraviesan las universidades nacionales —mediante una recomposición de partidas y salarios que aún se encuentra lejos de recuperar lo perdido durante los últimos dos años—, y luego de intentar presentar ese reconocimiento como un supuesto cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, en una maniobra orientada a dilatar la resolución del expediente ante la Corte Suprema, el Gobierno Nacional sufrió un nuevo revés en el máximo tribunal del país.

La Justicia, al igual que el Congreso de la Nación, volvió a darle la razón a la comunidad universitaria. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación representa un nuevo fracaso de la estrategia jurídica del Poder Ejecutivo Nacional para impedir la plena aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.

Al desestimar el recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional, el máximo tribunal dejó firme la medida cautelar dictada por la Justicia Contencioso Administrativa Federal, que ordena el cumplimiento de los artículos 5° y 6° de la ley, referidos a la actualización de los salarios docentes y nodocentes de las universidades nacionales y al financiamiento de las becas estudiantiles.

La resolución ratifica un principio elemental del sistema republicano: una ley sancionada por el Congreso e insistida conforme al artículo 83 de la Constitución Nacional no puede ser suspendida ni dejada sin efecto por decisión unilateral del Poder Ejecutivo. De este modo, mientras continúa la tramitación de la causa principal, permanece plenamente vigente la cautelar promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional y las federaciones docentes, consolidando una importante victoria institucional en defensa de la universidad pública, del salario de sus trabajadoras y trabajadores, y del derecho a la educación superior.