Veto, ajustes, recortes y una universidad movilizada
El Poder Ejecutivo vetó la Ley de Financiamiento Universitario. Se publicó el 10 de septiembre en el Boletín Oficial. Día del Maestro.
La reacción fue inmediata. Desde FEDUN, que integramos con ADIUVIM, y el frente gremial convocamos a un paro nacional de 24 horas para este viernes 12. En la UNVM nos sumamos. Gremios no docentes y estudiantes también.
¿Es esto un hecho aislado? No. Forma parte de una secuencia que expresa la voluntad de un gobierno de llevar a la inanición al sistema universitario. El mismo día del veto apareció la Decisión Administrativa 23/2025, que modifica el presupuesto nacional. En sus anexos, recortes sobre partidas clave de educación y universidad. Becas, infraestructura, gastos corrientes. Nada queda al resguardo.
En números, se ajusta en 120.000 millones de pesos el magro presupuesto de educación y universidad para 2025. Así, la decisión administrativa 23/2025, tomada el día del veto y del Día del Maestro, le quita a las universidades 40 mil millones en gastos corrientes. Además, recorta 12.400 millones en infraestructura y 44.300 en becas estudiantiles.
La dimensión política es nítida. El gobierno sostiene su programa de ajuste a cualquier costo. Lo hace pese a dos Marchas Federales previas, masivas y categóricas. La respuesta social no fue marginal. Fue clara. Fue extendida. Fue rotunda.
El ajuste es cargado sobre las espaldas de quienes sostenemos el día a día. Los números son contundentes. En un año, el salario docente perdió más del 50% de poder adquisitivo. Este año, con aumentos del 1% mensual frente a una inflación mucho mayor, el retroceso es constante. Cada mes se agrava. Cada mes se deterioran las condiciones de trabajo y estudio.
La universidad no es un gasto prescindible. Es un palimpsesto: sobre sus páginas se escriben y reescriben saberes, salud, investigación y desarrollo regional. Vaciarla equivale a borrar posibilidades. Esa imagen no es ornamento literario. Es un diagnóstico. Es urgente.
¿Qué busca el Ejecutivo con este gesto? Invoca tecnicismos y objeciones formales. Pero la decisión política es inequívoca: priorizar la contención fiscal sobre la inversión pública en ciencia, educación y bienestar. El resultado es una paradoja: una austeridad que promete estabilidad, pero asfixia capacidades productivas y sociales. Simbólicamente ejerce esa voluntad con perversión.
La comunidad universitaria resiste. Convocamos a la Marcha Federal cuando el Congreso trate el rechazo al veto. No pedimos limosna. Exigimos representación democrática. Pedimos a diputadas y diputados que escuchen a las aulas, a los claustros, a las plazas. Que rechacen el veto. Que restituyan la Ley.
El relato oficial convive con la práctica del ajuste. Becas que se achican. Obras frenadas. Comedores y residencias en riesgo. Programas socioalimentarios debilitados. No es teoría. Es cálculo administrativo que se traduce en alumnos sin sostén y en laboratorios sin insumos.
¿Cómo leerlo desde la región? Como una muestra de centralismo y desconocimiento. Las universidades regionales son motores de desarrollo local. Un estudio reciente lo cuantificó: los recortes extraen un millón de pesos por hora de la economía regional. Cortarles el oxígeno no es ahorro. Es hipotecar el futuro de provincias enteras.
El paro es, entonces, medida y protesta. No es teatro. Es defensa. Es clamor por igualdad de oportunidades. Es reclamo por salarios dignos y financiamiento estable. Es un llamado a los representantes: hagan lo que corresponde. Actúen con responsabilidad histórica.
Cerramos con una certeza simple: la educación universitaria es un derecho humano y un bien público estratégico. Defenderla no es corporativismo. Es patriotismo. Es resguardar la trama mínima que permite a un país pensarse mejor. Si eso no resulta evidente, entonces urge recuperar algo más profundo: la capacidad colectiva de reconocer que sin universidad pública no hay democracia plena, ni desarrollo, ni futuro compartido.
