ADIUVIM en alerta y movilización: la democracia herida

La sentencia confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ratifica una condena sin pruebas firmes y conlleva la proscripción política de Cristina Fernández de Kirchner, no constituye únicamente un ataque contra una figura que fue dos veces presidenta de la Nación. Es, más bien, el último eslabón de una estrategia sistemática orientada a desmantelar los pilares de la democracia argentina y consolidar un régimen funcional a los poderes fácticos.

Desde ADIUVIM —la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Villa María— expresamos nuestro más enérgico repudio a este fallo y convocamos a la comunidad universitaria, al movimiento obrero y al pueblo en su conjunto a mantenerse en estado de alerta y movilización.

Este pronunciamiento no puede analizarse de forma aislada. Forma parte de una causa judicial plagada de irregularidades, parcialidades manifiestas y filtraciones mediáticas diseñadas para construir un relato condenatorio antes del juicio. Al validar esta arquitectura procesal viciada desde su origen, la Corte Suprema actúa como brazo judicial de una ofensiva política que no busca justicia, sino venganza. Y al hacerlo, vulnera un principio esencial de toda sociedad democrática: el derecho del pueblo a elegir libremente a sus representantes.

Este fallo se inscribe en un contexto de deterioro institucional, vaciamiento del Estado y empobrecimiento acelerado de las mayorías. En el plano económico, asistimos a una obscena transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados, mientras se implementa una política deliberada de destrucción del entramado productivo pyme rural y urbano, del sistema educativo-científico-tecnológico, de las organizaciones profesionales y colegiadas y de los mecanismos de protección social que garantizaban un mínimo de dignidad. Mientras, la narrativa habla de reducción de gasto público.

En lo social, se multiplican la indigencia, el hambre y la desocupación, mientras el discurso oficial celebra una supuesta “estabilidad” cimentada sobre el sufrimiento de millones, la entrega de recursos naturales y la toma de deuda externa. Tras acusar al gobierno anterior de buscar más endeudamiento, la actual administración profundiza la dependencia financiera al retomar negociaciones con el FMI —el verdadero ministro de Economía de este proyecto— que busca arrasar con lo construido y erigir, sobre las ruinas, una economía anexada, primarizada y subordinada a los intereses de los centros de poder global, como en los albores del siglo XX, cuando unas pocas familias “eran” el país. Mientras, la narrativa oficial habla de libertad.

En lo político, la erosión del sistema constitucional de representación y la división de poderes es objetivo central del plan de gobierno, no con un sentido de fortalecer la democracia y restituir un modelo agotado. Sino para atar de manos cualquier capacidad de controles mutuos y la condición de construcción de consensos nacionales.

Una Justicia alineada, un Congreso acorralado

A esta crisis multidimensional se suma una situación judicial profundamente degradada. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, lejos de ejercer el equilibrio republicano que le exige la Constitución, se ha transformado en ejecutora de una ofensiva contra el Estado de Derecho. Es la misma Corte que fue objeto de un intento inconstitucional de ampliación por decreto, cuando el presidente Javier Milei impulsó los nombramientos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, eludiendo procedimientos constitucionales y violentando el principio de división de poderes.

Pero los atropellos institucionales no terminan ahí. Esta Corte, que actúa con celeridad para perseguir a líderes populares, guarda un silencio cómplice ante escándalos de corrupción de magnitud alarmante: los sobresueldos millonarios; los más de 6 millones de kilos de alimentos retenidos mientras crece el hambre en comedores comunitarios; la venta de tierras públicas a precios irrisorios; y el escandaloso caso Libra$, la criptoestafa que involucra directamente a Javier Milei y su hermana, con maniobras de tráfico de influencias y transferencias ilegales, silenciado tanto por la Justicia como por los grandes medios.

Tampoco avanza la causa contra Florencia Misrahi —titular de la AFIP, hoy desguazada y rebautizada ARCA—, pese a los conflictos de interés vinculados a estudios contables que representan a grandes evasores. Lo mismo ocurre con la impunidad de Andrés de la Cruz, subprocurador del Tesoro y asesor del Grupo Eskenazi en el juicio contra el Estado argentino por el caso YPF. O con la reciente detención del senador Edgardo Kueider en Paraguay, con dinero no declarado. O las denuncias por cohecho y tráfico de influencias contra Thierry Decoud, interventor de YCRT, por licitaciones amañadas con empresas extranjeras. Todos, casos sepultados mediáticamente.

La narrativa oficial, sostenida por una prensa alineada que simula enfrentamiento, intenta encubrir este saqueo con discursos de “eficiencia”, “austeridad” y “orden”. Pero detrás de esa fachada se impone una realidad más cruda: una Justicia selectiva, colonizada por intereses corporativos y usada como instrumento de persecución política.

La democracia cruje

Frente a este panorama, el movimiento obrero ha encendido las alarmas: la democracia está en peligro. Este tipo de sentencias no son hechos aislados: se inscriben en una matriz regional de persecución política, cuyo antecedente más conocido es el caso de Lula en Brasil. Desde las organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la educación, coincidimos plenamente: la proscripción no es un acto de justicia, sino una estrategia de disciplinamiento. Y su blanco no es una persona, sino el proyecto de país que representa.

La historia reciente es elocuente: los años de mayor inclusión, dignidad y fortalecimiento del sistema universitario se vivieron durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Fue entonces cuando se crearon universidades en el interior del país, se firmó nuestro Convenio Colectivo de Trabajo, se repatriaron científicos y se consolidó un modelo de educación pública como motor de transformación. La criminalización de quien impulsó estas políticas no puede leerse sino como un intento de clausurar ese horizonte emancipador.

Como universitarios, como trabajadores y como ciudadanos, hoy más que nunca es necesario levantar la voz. No para defender a una persona, sino para defender el derecho a vivir en una democracia real, donde los poderes del Estado ejerzan sus funciones de manera independiente y la voluntad popular valga más que las operaciones mediáticas o las sentencias redactadas de antemano.

Convocamos a todas las organizaciones populares, sindicales, universitarias y comunitarias a organizarse, movilizarse y resistir la naturalización del atropello.

Porque la democracia no se defiende en estrados colonizados ni en discursos vacíos: se defiende en las calles, en las aulas y en la conciencia activa de un pueblo que no olvida, no se resigna y no se rinde.

Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Villa María (ADIUVIM) – Junio de 2025