La Justicia rechaza el pedido del Gobierno y ordena informar sobre el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario
La Comisión Directiva de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Villa María (ADIUVIM) expresa su valoración de la resolución dictada por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, en el expediente promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras organizaciones en relación con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria.
El magistrado rechazó el pedido del Poder Ejecutivo Nacional de levantar la medida dictada en favor de las universidades y sus trabajadores, al considerar que persisten las circunstancias que dieron origen a la decisión judicial y, especialmente, el peligro derivado del deterioro de los ingresos, la pérdida de poder adquisitivo y la situación salarial del colectivo universitario.
Se trata de una definición relevante porque la medida había sido confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones y quedó firme luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimara el recurso extraordinario presentado por el Estado Nacional.
Los acuerdos de junio no cierran el conflicto
El Gobierno había argumentado que los acuerdos alcanzados el 10 de junio con el CIN y las organizaciones gremiales habían modificado las circunstancias existentes al momento de la decisión judicial.
Esos acuerdos contemplaron una actualización salarial del 24,33%, una recomposición del 20% de los gastos de funcionamiento de las universidades, un incremento de los fondos destinados a hospitales universitarios y una actualización del 50% de las Becas Manuel Belgrano, entre otros compromisos.
Sin embargo, Cormick sostiene que el Estado no logró demostrar que esas medidas hayan producido un impacto suficiente para revertir los perjuicios que afectan al colectivo universitario, particularmente en materia de ingresos y pérdida salarial.
Para ADIUVIM, esta consideración resulta fundamental. Los acuerdos alcanzados representan compromisos que deben cumplirse, pero no pueden ser presentados como el cierre de una problemática que continúa afectando a las y los trabajadores universitarios.
El Estado deberá informar su nivel de cumplimiento
Uno de los aspectos más importantes de la resolución es la decisión de requerir al Poder Ejecutivo que, en el plazo de tres días, presente documentación sobre los avances realizados, el estado actual de los compromisos asumidos y el grado de cumplimiento de las obligaciones contempladas en la medida judicial.
Esta exigencia abre una instancia concreta de control sobre la implementación de las medidas y sobre las acciones efectivamente realizadas por el Gobierno.
Desde una perspectiva gremial, entendemos que este paso es significativo: los compromisos salariales y presupuestarios deben traducirse en resultados concretos y verificables de manera urgent, y no quedar limitados a anuncios o acuerdos formales.
Una definición con alcance político
El pronunciamiento también tiene una dimensión política. La Justicia reconoce que la situación que atraviesa el sistema universitario continúa siendo una cuestión actual, pese a las medidas adoptadas durante 2026, en cuanto ampliación parcial de financiamiento y de recomposición salarial, luego de contundentes marchas y paros en todo el sistema universitario.
La defensa de los salarios docentes y nodocentes, del presupuesto universitario, de las becas y de las condiciones necesarias para desarrollar las tareas de enseñanza, investigación y extensión requiere políticas de Estado y mecanismos que garanticen su cumplimiento efectivo.
La universidad pública necesita financiamiento adecuado y sostenido. Y quienes trabajan en ella necesitan salarios que permitan sostener dignamente su tarea.
La causa principal vuelve a avanzar
Finalmente, el juez dispuso reanudar el trámite de la causa principal con miras al dictado de sentencia, luego de resolver los planteos que habían motivado su suspensión.
Se abre así una nueva etapa en la que, además del seguimiento de las obligaciones ya establecidas, avanzará la discusión judicial sobre la cuestión de fondo.
Desde ADIUVIM reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de las y los trabajadores docentes e investigadores y con una universidad pública, gratuita, democrática y de calidad.
La resolución de Cormick representa un reconocimiento de que el conflicto no está cerrado y de que las respuestas adoptadas hasta el momento deben ser evaluadas por sus resultados concretos.
Continuaremos participando activamente, junto con las organizaciones gremiales del sistema universitario, para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales y de las políticas de financiamiento necesarias para sostener la universidad pública.
Comisión Directiva
Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Villa María (ADIUVIM)
