Sin salarios dignos, la universidad no funciona
La universidad pública argentina, y en particular nuestra Universidad Nacional de Villa María (UNVM), atraviesa una de las crisis más profundas desde su creación. Mientras se celebran 30 años de existencia institucional de nuestra UNVM y se resalta con justicia el impacto transformador de la educación superior en nuestra región, cientos de docentes e investigadores enfrentamos condiciones laborales cada vez más precarias que amenazan no sólo nuestra subsistencia, sino la continuidad misma del proyecto universitario.
Desde fines de 2023, los trabajadores de la educación superior venimos denunciando un ajuste sistemático que tiene consecuencias directas sobre la calidad, el alcance y la posibilidad de sostener una universidad pública al servicio del pueblo. La política de desfinanciamiento implementada por el Gobierno Nacional, expresada en una drástica caída del presupuesto universitario y en el incumplimiento de acuerdos paritarios básicos, ha generado una situación insostenible: Nuestros salarios tienen una diferencia del 85% respecto a la inflación acumulada y llevamos más de 6 salarios actuales de pérdida acumulada. Tal es así que para recuperar el poder adquisitivo de noviembre de 2023, se necesitaría un aumento del 44%. La inflación acumulada desde la asunción del actual gobierno asciende al 234,4%, mientras que los aumentos otorgados a docentes y nodocentes alcanzaron sólo un 106%. Esta brecha salarial, lejos de ser una estadística, se traduce en vidas precarizadas, en proyectos truncos y en un deterioro alarmante del entramado institucional universitario.
El último incremento salarial dispuesto de manera unilateral por parte de la cartera salarial, d fue de apenas el 3,9 % (para el trimestre marzo, abril, mayo), es decir, representa el 1,3% mensual frente a una inflación que solo en marzo fue del 3,7% y del 2,8% en abril. Se trata de políticas que no sólo vulneran lo dispuesto en nuestro Convenio Colectivo de Trabajo al bloquear la mesa de negociación paritaria; sino que también se reafirma, mes a mes, que el gobierno nacional decide que todo el ajuste recaiga sobre las y los trabajadores, con aumentos que fueron “siempre” por debajo de la inflación Esta lógica de imposición y recorte desconoce la función social y estratégica de las universidades, que hoy, en todo el país, expresan un grito unánime: sin salarios dignos, la universidad no puede sostenerse.
En nuestra universidad, las señales de esta crisis ya se manifiestan con fuerza. Docentes que renuncian o solicitan reducir su carga horaria porque no pueden sobrevivir con los ingresos actuales. Concursos docentes que quedan desiertos. Actividades institucionales que se ven afectadas por la baja participación, no por falta de compromiso, sino por imposibilidad material. Estudiantes que abandonan sus carreras porque las becas se reducen y el costo de vida se vuelve inaccesible. Y una comunidad académica que, pese a todo, sigue sosteniendo con esfuerzo cotidiano el funcionamiento de la UNVM.
Las y los docentes e investigadores enfrentamos dificultades crecientes: acceder a cursos de posgrado o especialización, hoy arancelados, se vuelve un privilegio inaccesible; cubrir gastos de transporte para llegar a nuestras sedes de trabajo es cada vez más difícil; comprar materiales didácticos o renovar el equipamiento tecnológico necesario para la enseñanza y la investigación ya no está a nuestro alcance. Incluso la cobertura médica a través de Aspurc se ha vuelto una carga insostenible, con descuentos elevados y prestaciones cada vez más limitadas. Esta precariedad no es compatible con la excelencia que propugnamos ni con el derecho de nuestras comunidades a una educación superior pública y de calidad.
Mientras celebramos las tres décadas de vida institucional de nuestra universidad, es urgente que este aniversario no se reduzca a una campaña de imagen. Reconocemos, valoramos y protagonizamos el impacto positivo que la UNVM ha tenido en su territorio, pero no podemos ignorar que ese mismo impacto está hoy en riesgo. Necesitamos que las autoridades universitarias y la comunidad toda escuchen y multiplique nuestro reclamo: la universidad que transforma vidas necesita condiciones dignas para quienes la hacemos posible.
La universidad pública no es una isla. Es parte del tejido social, económico y político del país. Su deterioro no es solo un problema sectorial: es un síntoma de una crisis más amplia que afecta a los derechos, a las oportunidades y al futuro de millones de argentinos y argentinas. La masiva movilización universitaria de abril de 2024 fue una muestra clara de que la sociedad entiende esto mejor que muchos funcionarios. Ahora es el momento de que se traduzca en decisiones políticas concretas.
Porque sin salarios dignos, la universidad no puede enseñar, investigar ni vincularse con su comunidad.
SIN SALARIOS DIGNOS, LA UNIVERSIDAD NO FUNCIONA
Y si no funciona la universidad pública, ¿qué país estamos construyendo?
